Sobrevivir al Apocalipsis Zombi
Cuando pensar se convierte en un peligro
DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD AL AGENTE DE SEGURIDAD PRIVADA
El gran emprendedor Richard Branson nos advierte que “la complejidad es tu enemigo. Cualquier tonto puede hacer algo complicado. Lo difícil es mantener las cosas simples”.
Cuando se echa la vista atrás, no hace falta ir mas allá de 25 años, se puede ver lo rápido que ha evolucionado la ciencia, la tecnología, la sociedad, y con ellas adaptándose a las nuevas realidades y necesidades de la ciudadanía el mundo financiero y de los “negocios”.
Es evidente la evolución de los modelos de negocio, que ha favorecido a aquellos que mejor se han adaptado a las nuevas tecnologías y necesidades sociales en detrimento de otros, grandes en su momentos, pero incapaces de adaptarse a las nuevas realidades, debido a su falta de flexibilidad y creatividad, convencidos de que su mero tamaño les hacia invulnerables cual grandes dinosaurios del Jurásico. Aple, Microsolft, Google, Amazon, Virgin o Facebook, fueron creadas casi de la nada con los mejores recursos posibles, la imaginación y la creatividad.
Curiosamente el sector de la seguridad privada en España ha pretendido ser vivir ajeno a estas nuevas realidades, únicamente preocupada por maximizar los beneficios empresariales aun costa de precarizar el sector, arrastrar a miseria a sus profesionales y reducir la calidad del servicio prestado con el fin único de obtener suficiente margen de maniobra para sostener infraestructuras y jerarquías.
Sin embargo, la sociedad moderna, exige nuevos estándares no solo de calidad en la seguridad, pública y privada, sino también lo que desde ya hace un par de décadas viene denominándose responsabilidad social corporativa, es decir una concienciación de que no todo vale a la hora de obtener lucro económico. Conviene recordar que a fin de cuentas la seguridad privada es en gran medida complementaria que no sustitutiva de la seguridad pública, atiende a la satisfacción de una necesidad social y como tal está firmemente regulada por la Administración.
La crisis económica no hizo sino agravar esta situación. La empresas en lugar de adaptarse reduciendo costes innecesarios, especialmente ejecutivos y de eficiencia operativa, decidió recortar salarios, formación y derechos sociales a sus empleados, cuando no despidiendo al personal más cualificado y experimentado para sustituirlo por jóvenes inexpertos e inmaduros , con la consiguiente degradación del servicio que conlleva la desmotivación y falta de preparación de buena parte de los vigilantes, personas que conviene recordar portan un arma y deben velar por la seguridad de todos. Tristemente la respuesta de la administración pública a esta degradación de la calidad de la seguridad privada no ha estado a la altura, llegando incluso a aprovechar el subastéo de precios de las licitaciones para reducir costes sin atender a los criterios de calidad de los servicios públicos.
A todo este desolador panorama sectorial ajeno a las necesidades sociales de sus clientes internos y externos, hay que unir los retos de las nuevas amenazas a la seguridad pública y privada en Europa, especialmente las concernientes al terrorismo internacional, pero también otras como el crimen organizado y la violencia de género o la proliferación de movimientos políticos racistas, excluyentes y xenófobos, o la necesidad de garantizar el funcionamiento de las infraestructuras de transporte y comunicaciones, tan necesarias para el desarrollo económico.
Estas amenazas, requieren una respuesta adecuada en primer lugar por parte del Gobierno y la Administración Pública, que son los responsables de garantizar con las máximas garantías posibles la seguridad de la ciudadanía, es decir aquellos que con sus impuestos, pagan los recursos que gestionan en su nombre.
Es evidente que las Fuerzas de Seguridad del Estado (FCSE) no están en condiciones de garantizar el cumplimiento de los nuevos estándares de seguridad pública que exige la ciudadanía de un país occidental moderno, al no regirse su gestión por criterios de eficiencia.
Las FCSE son parte de la Administración Pública española y comparten sus mismas carencias e ineficacias que se pueden resumir en absoluta falta de flexibilidad, incluida su política de plantillas, puestos y destinos, ausencia de asunción de responsabilidades y disciplina laboral, falta de decisión, cadenas de mando interminables, falta de criterios de merito en los procesos de acceso, métodos de reclutamiento y selección propios del siglo XIX, falta de motivación, y mi favorita, ausencia de toda conciencia de ser un servicio a la ciudadanía, considerando al ciudadano súbditos al servicio de la Administración Pública.
Bajo estos parámetros, y por mucho empeño que ponen los agentes de la seguridad pública de a pie en cumplir abnegadamente su función a pie de calle y de cara al ciudadano, su eficacia se ve comprometida por las cargas que impone una gestión pública ineficaz. Por cada agente en la calle en tareas de seguridad ciudadana hay al menos otros 3 funcionarios en puestos burocráticos, de mando o dedicados a tareas auxiliares. De esta forma el coste real de cada agente de seguridad ciudadana efectivo se eleva a costes difíciles de cuantificar.
Cataluña ha puesto en evidencia los límites de la respuesta de la seguridad pública a los problemas puntuales o emergencias de seguridad, eso sin contar con el riesgo de su posible cronificación.
La posibilidad de ser reforzadas o respaldadas por las Fuerzas Armadas (FAS) es poco realista. Las FAS ya están al límite de su operatividad, con unas plantillas demasiado ajustadas y una estructura burocrática y logística similar a la de las FCSE que supone que solo podría aportar unos escasos miles de efectivos reales operativos, a cambio dejarlas incapaces de asumir sus fines de defensa de los intereses nacionales.
Tampoco parece que el sector de la seguridad privada nacional esté en condiciones de dar respuesta a los nuevos retos de la seguridad. Con unas empresas con modelos de gestión y decisión del siglo pasado, con unos gastos de estructura y necesidades de lucro económico que suponen más del 50% de los ingresos, y buscando compensar su ineficiencia empeorando condiciones laborales de los vigilantes de seguridad, expulsando del sector a los más eficaces y experimentados para sustituirlos por bisoños poco exigentes, mas complacientes y menos motivados, no parece a la altura de los estrictos requisitos que requiere el respaldar a los FCSE en sus labores de seguridad al servicio de la ciudadanía. En ese contexto, el conflicto laboral de los servicios de seguridad privada contratados por la empresa pública AENA, no es más que la punta del iceberg que se esconde tras la precarización del sector.
Por todo ello la solución a los nuevos retos de la seguridad pública deben ser afrontados con nuevas perspectivas. En primer lugar está claro que sería negligente por parte de los responsables de gestionar la seguridad pública, no planificar adecuadamente los posibles escenarios de seguridad posibles a corto, medio y largo plazo, para determinar en que medida, puestos y escenarios la seguridad privada puede y debe colaborar en garantizar a la ciudadanía su derecho a la seguridad.
Existe un gran abanico de ámbitos en los que la seguridad privada puede sustituir o respaldar a las FCSE, especialmente considerando las nuevas amenazas de seguridad pública. Desde la protección de infraestructuras criticas, de transporte y comunicaciones a la protección de intereses nacionales en el extranjero, pasando por la seguridad de las víctimas de violencia de género.
No es nada nuevo. En el pasado ya la seguridad privada asumió competencias tan sensibles como a escolta de personalidades publicas en respuesta a amenazas terroristas, y ahora lo hace en tareas de protección de mujeres amenazadas por violencia de género. Incluso ha asumido competencias de seguridad en el exterior de España protegiendo los pesqueros nacionales en el Índico, incluso con el empleo de armas de guerra. Dicha labor ha sido desempeñada fundamentalmente por exmilitares experimentados.
Sin embargo la realización eficaz de estas tareas en los nuevos entornos de seguridad requiere avanzar en la figura tradicional del vigilante de seguridad, tal y como es concebido y sobre todo considerado y maltratado por el sector de la seguridad privada y la administración pública. Igual que en su día se realizó con otras figuras de la seguridad privada como son los escoltas, es preciso establecer una nueva figura y requisitos que se adapten a las nuevas necesidades. Hay que crear y dar contenido al concepto del Agente de Seguridad Privada. Un profesional altamente cualificado, motivado y capacitado para asumir nuevas responsabilidades, pensando siempre en el servicio público a la ciudadanía como único objetivo de su trabajo. Un tipo de profesional que encaja con el perfil que ofrecen el personal con amplia experiencia de servicio en las FAS, los escoltas que garantizaron la continuidad del Estado de Derecho enfrentando la amenaza terrorista y muchos veteranos profesionales de la seguridad altamente preparados y experimentados, desechados por un sistema cuyo único fin es primar los intereses económicos y el lucro social sobre la calidad del servicio y los intereses públicos.
Está claro que es todo un reto que precisa de amplitud de mente, capacidad de decisión y valentía por parte de los responsables de gestionar la seguridad en España. Pero sobre todo es necesario ser muy cuidadosos a la hora de establecer los requisitos que se exijan al sector de la seguridad privada para gestionar semejante responsabilidad.
“la complejidad es tu enemigo. Cualquier tonto puede hacer algo complicado. Lo difícil es mantener las cosas simples”. Las nuevas formas de gestión empresarial, basadas en la excelencia, la flexibilidad, el compromiso y la formación, con jerarquías planas y sin gastos de estructura, son la única fórmula para que el sector de la seguridad privada se adapte a las nuevas realidades y necesidades que imponen los nuevos retos de la seguridad.
Un hombre triunfador es aquel que puede hacer una base firme con los ladrillos que otros le han tirado.
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