El novio de Ayuso. Crimen y castigo

Victor Hugo nos advertía que, “es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien”.

El uso y abuso de las Instituciones Públicas por parte de Sánchez y sus secuaces para intentar deslegitimar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, criminalizando a su pareja, y su instrumentalización a través de sus lacayos mediáticos en los medios «oficiales» del Régimen, merece algunas reflexiones a la luz de los acontecimientos de las ultimas semanas.

La orquestada campaña mediática, sostenida por altos cargos políticos y voceros mediáticos, señalando a su victima de «criminal», aduciendo un presunto delito fiscal reconocido, es una nueva muestra de la degradación moral del Amado Líder, capaz de cualquier cosa con tal de sostenerse en el Poder.

De esta forma, se pretende trasladar a través de la posverdad a la emocionalmente debilitada ciudadanía un relato de persona perversa y maligna, por el mero hecho de presuntamente haber cometido el peligroso delito de defraudar a Hacienda.

Todo ello con el único fin de pretender deslegitimar a una rival política, con el peregrino e irracional argumento de que si alguien de su entorno es un criminal, ella también lo es.

Resulta pues, que un tipo que intenta preservar su patrimonio del latrocinio de un Sistema, que luego dilapida en comisiones, putas, coca, menas y memas. es una mala persona, porque así lo establecen las Leyes.

Sin embargo, una cosa es que el “monopolio de la violencia”, representado por el Poder político, determine que algo es delito y use esa violencia para amenazar y castigar a quienes se oponen a sus abusos, y otra es que cometer determinados «crímenes», así tipificados por `psicópatas y delincuentes que nos gobiernan, y perseguidos por sus lacayos, sea necesariamente algo moralmente reprobable.
El bien y el mal no lo determina el Código Penal ni la Leyes. Estas tan sólo regulan la Sociedad en interés y beneficio de las élites gobernantes y sus secuaces.
Conviene recordar que hace casi un siglo, en la Alemania de los años 30 del siglo XX era delito que un judío no llevara su escarapela con la cruz judía, y que esconder a un judío, unos años después, podía ser causa de ingreso en un campo de concentración.
¿Quiénes son los criminales?

¿Acaso no son más criminales los que desde el Poder, abusan de las instituciones para deslegitimar a un rival político, en la línea de las mas abyectas dictaduras?

El Poder que se otorga a los políticos y aún mas a las Administraciones Públicas, no es para abusar de él en contra del ciudadano sino para para lo contrario, para ser usado en interés y beneficio de todos.

Un gran poder exige control responsabilidad y por tanto exigencia de justificar cómo se usa y de consecuencias cuando no se usa para los fines encomendados, en ultima instancia satisfacer las necesidades de la Sociedad.

Cuando desde el Poder, en sentido amplio, se fomenta la impunidad ante el mal uso de los recursos públicos y los resortes del Poder en beneficio personal o de intereses sectarios e ideológicos, todo el Estado de Derecho se desmorona, y con ello la Democracia como valor y principio real.

De esta forma el Sistema de Gobierno se convierte de facto en un “Régimen”, cuyo único fin es servir a los fines e intereses de quienes se mantienen en el Poder o lo sustentan con su capacidad de influencia.

Sería por ello deseable, aunque poco probable, que realmente la Justicia, con mayúsculas, cayera con todo su peso sobre aquellos que desde la impunidad y la degradación moral que les permite sus dispensas ideológicas, han actuado de forma tan despreciable para intentar linchar a un ciudadano al que se han atrevido a tratar de criminal, por el mero hecho de incumplir una Ley inmoral e injusta

Porque, que defraudar a Hacienda sea un delito comparable al homicidio, en lugar de una mera infracción administrativa es una muestra del grado de violencia y terror que el Estado está dispuesto a ejercer sobre los ciudadanos para obligarles a aceptar ser robados y empobrecidos de forma sistemática.

Ello especialmente en un país donde la seguridad jurídica ante el “terrorismo tributario” que ejercen los inspectores de Hacienda no existe, y donde el chantaje y la amenaza de penas de prisión es moneda de cambio común para extorsionar a emprendedores y autónomos con el fin de que reconozcan crímenes que siquiera han cometido quedando en muchos casos a la arbitrariedad de la interpretación peregrina que el inspector desee hacer de las normas.

Es la autentica Inquisición del siglo XXI, donde al igual que hace 5 siglos, cualquier acusado estaba dispuesto a declarar los mas disparatados crímenes con tal de evitar la tortura, ahora sustituido por el largo, tortuoso, incierto, arbitrario y falto de garantías procedimiento judicial, al final del cual seguramente esta la ruina del incriminado, incluso si fuera declarado finalmente inocente.

Un país, donde la presunción de inocencia que contempla la Constitución, es constantemente pisoteada por funcionarios públicos con total impunidad y el permiso de una clase dirigente ávida de dinero para sostener su despilfarro publico y fomentar progresivo el proceso de proletarización de la Sociedad que aumente su dependencia y control por parte de la elite dominante.

Pero además hay una segunda dimensión mas allá de la criminal actuación del Gobierno y los poderes públicos que controla.

Si intentar evitar el latrocinio por parte del Estado es un crimen, ¿Acaso no lo es más usar indebidamente el dinero que se exige a los ciudadanos supuestamente para atender las necesidades de la Sociedad?

Conviene tener en cuenta que en este país el ciudadano medio es coaccionado y asaltado por el Estado para que le entregue aproximadamente la mitad de sus ingresos, sino más, cada año.

Un dinero con el que se compra en gran medida favores y apoyos de colectivos sociales en un país donde la fuente de ingresos regular mas importante de mas de la mitad de la población procede directa o indirectamente de fondos públicos.

Mas crimen es dilapidar el dinero de los españoles en asuntos que en nada benefician a la Sociedad en su conjunto, o gestionar de forma ineficaz e ineficiente los recursos que se ponen a disposición de las diferentes instituciones publicas, que pretender impedir que ese dinero sea saqueado para dichos fines.

En lugar de usar el dinero para prevenir catástrofes como la de Valencia, invirtiendo en las infraestructuras que lo hubieran evitado, o en ayudar adecuadamente a las victimas del desastre, ha tenido que ser el esquilmado Pueblo, el que con los restos de los recursos que deja en sus bolsillos el robo legitimado a través de los Tributos, haya socorrido en primera instancia a los damnificados por una catástrofe que nunca debió producirse, al menos en su magnitud.

A buen seguro con una gestión eficaz y eficiente, con la única finalidad de maximizar el beneficio social, al tiempo que una política económica encaminada al desarrollo que redujera la pobreza y los salarios de miseria que le quedan a buena parte de los trabajadores tras ser legalmente esquilmados por el Estado, no haría falta semejante latrocinio, ni tampoco perseguir y amenazar a los ciudadanos para que pagaran gustosos unos impuestos razonables, destinados a unos servicios públicos eficientes.

Si defraudar a Hacienda es un crimen que se castiga con penas superiores al homicidio, ¿Cómo debería castigarse a los políticos y burócratas que malgastan los recursos públicos de forma inadecuada ineficiente o incluso en su propio beneficio e interés?.

Cuando te das cuenta que, para producir, necesitas obtener autorización de quien no produce nada. Cuando compruebas que el dinero es para quien negocia, no con bienes sino con favores. Cuando te das cuenta que muchos son ricos por soborno e influencia, mas que por el trabajo, y que las leyes no nos protegen de ellos, mas por el contrario, son ellos los que están protegidos. Cuando te das cuenta que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en auto sacrificio. Entonces podría afirmar, sin temor a equivocarme, que tu sociedad está condenada.

Ayn Rand