3 tardes de Economía
Jose Federico Villamil Calva

EL MAL LLAMADO ESTADO DEL BIENESTAR

Extracto del libro 3 tardes de Economía. Crisis y oportunidad

Cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión de que ellas no tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada a hacerse cargo de ellas, y cuando esta otra mitad se convence de que no vale la pena trabajar porque alguien les quitará lo que han logrado con su esfuerzo… Eso, mi querido amigo… ¡es el fin de cualquier nación!

Adrian Rogers

Desde hace décadas, en España y otros muchos países desarrollados, se ha producido una inflación desmedida del gasto público, y consecuentemente de la presión fiscal sobre los ciudadanos, llegando en países como Francia o España a situarse en el entorno o superando el 50% del PIB.

Una de las principales justificaciones que se esgrime desde Poder para justificar el expolio a sus ciudadanos, es la necesidad de sostener el estado social o del bienestar. Con ese buenismo pretenden acallar toda crítica legitima o no a su malversación y despilfarro de los fondos públicos.

Pero, ¿qué es el Estado del Bienestar? Se podría definir con el conjunto de medidas encaminadas a establecer un determinado nivel de protección social y equidad económica a la totalidad de la sociedad, a través de políticas y garantías jurídicas. Todo ello por tanto se define en un modelo de organización política en la que el Estado provee una serie de servicios públicos y garantiza determinados derechos sociales.

El término formal surge en Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en unos Estados arrasados y con grandes masas de población arrojadas a la miseria y dependientes de la beneficencia o el apoyo de sus vecinos, y se desarrolla rápidamente a la sombre del rápido crecimiento de posguerra, y del amparo de las políticas keynesianas que justifican el uso del gasto público como instrumento multiplicador del crecimiento.

Sin embargo, el concepto viene de antiguo, ya en China o la antigua Roma se observan medidas encaminadas a la protección social de los más desfavorecidos, como es el caso del reparto de trigo en Roma y ofrecimiento de espectáculos públicos, que dio luz a la famosa frase “panem et circenses” que aún hoy resume las políticas encaminadas a acallar y tener contentos a los pobres, y que se puede modernizar en “subsidio y “fútbol”. La religión islámica llego a establecer la figura del “Zakat”, un impuesto que los pudientes pagaban para proveer a los más necesitados los recursos mínimos para su sostenimiento

Sin embargo, en Europa durante siglos la asistencia a los pobres estuvo en manos de iglesia y la generosidad de ricos filántropos.

Con la llegada de la era industrial, y la proletarización, así como la revolución agrícola con el consiguiente aumento de la población y la migración a las ciudades se empezó a ver la necesidad de crear estructuras de apoyo o asistencia social, en parte debido a la presión social de las clases trabajadoras obreras. Pero no es hasta finales del siglo XIX que surgen en Europa las primeras legislaciones de protección social centradas en la protección laboral en Suiza o la Alemania de Bismarck. Entre estas leyes, las primeras tendentes a limitar el trabajo infantil. No porque el canciller fuera un alma cándida, sino porque necesitaba soldados sanos y fuertes-. A partir de ahí empiezan a desarrollarse políticas de protección social públicas básicas en numerosos países, centradas inicialmente en seguros de jubilación, incapacidad, desempleo, protección sanitaria y educación, que van progresivamente mejorando e incrementándose a medida que lo hace también el crecimiento económico de los países, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial y el boom de los años 50 y 60. Al final la acción social del Estado pasó de ser de carácter subsidiario y parcial, a una cobertura total e integral, como la que un padre daría a un hijo, con la diferencia que aquí el tutelaje dura desde la gestación a la tumba.

Al final el Estado Social, o del Bienestar, pretende ser un camino intermedio entre el puro liberalismo del “laissez faire” (dejad hacer), y el comunismo. Se nos vende como un modelo de justicia social y equidad mediante un modelo fiscal “redistributivo”, en que los que más ganan contribuyen en mayor proporción a financiación de unas políticas que mediante la universalización de una serie de servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, entre una lista cada vez más larga, junto a transferencias de rentas a las clase más desfavorecidas o vulnerables mediante ayudas, becas, subsidios prestaciones y pensiones, pretenden reducir la desigualdad social y dar a todos un umbral mínimo de bienestar. Pero, ¿es realmente cierto?

Nuevamente no es una cuestión absoluta sino relativa, el problema no es la existencia o necesidad de un estado social, sino su alcance, su gestión, finalidad y los resultados, los cuales suelen estar íntimamente interrelacionados

Su alcance y gestión están íntimamente relacionadas. Progresivamente el Estado ha ido asumiendo cada vez más competencias y responsabilidades sobre el tutelaje de la sociedad, limitando progresivamente el ámbito de la propia responsabilidad y libertad de decisión de los propios ciudadanos. De hecho, la Administración Pública es ávida en buscar siempre nuevas formas de justificar gastar dinero y aumentar su plantilla.

El primer problema del alcance es el posibilismo. ¿Por qué Etiopía o Sudan no tienen los servicios públicos y protección social de España? La respuesta es obvia, porque no tienen, no generan, los recursos suficientes para sostenerlo. Por tanto, si queremos tener los servicios de países como Alemania o Suiza, deberemos primero crear los recursos adecuados para ello. Es como si una familia que apenas llega a fin de mes, pretende comer todos los fines de semana en restaurantes y comprar un coche más grande y las últimas novedades tecnológicas.

El segundo problema del alcance es a quien deben ir dirigidos. Por ejemplo, si aparece un niño chino, canadiense, o alemán en la calle, sin que sea posible identificar a sus padres, las autoridades se pondrían en contacto con las autoridades del país y se le repatriaría para que su país se encargue de él. Pero si ese niño es de un país en vías de desarrollo, sin más lo secuestramos, y lo introducimos en nuestro circulo de la protección de menores, y prostitución en muchos casos, son los famosos menas. Es la acción más despreciablemente racista e insultante que se me ocurre. No puede menos que recordar al secuestro de niños aborígenes en Australia por parte de la Administración, para educarles “civilizadamente” y desnaturalizar y acabar con su cultura. Creemos que somos mejores y más capaces para educarlos pese a que a la mayor parte los acabamos haciendo delincuentes sin futuro. Y encima pretenden los que defienden este modelo ser benefactores sociales.

La realidad es que el modelo de protección de menores en España es un perfecto ejemplo de ineficiencia cuando no directamente de criminal negligencia. Además de secuestrar a niños de naciones en vías de desarrollo, en muchos casos se prefiere quitar a las madres sus hijos para meterlos en el sistema asistencial en lugar de proveerle de los recursos para cuidarlos. Ayudar económicamente a la madre costaría 10 veces menos que quitarle cada hijo, y ya si se le facilitara una inserción laboral digna, con los más de 60.000 euros que cuesta cada año secuestrarle cada hijo, incluso contribuiría al bienestar general en lugar de necesitar de él.

Pero en realidad, lo que busca el sistema es aumentar su peso y poder, reduciendo el espacio de la economía privada y para ello no duda en emplear cualquier excusa, a veces creando nuevas necesidades o incluso temores y problemas en la sociedad, que en muchos casos además de costar dinero, lastran aún más el desarrollo económico. Piensen, por ejemplo, en todo el dinero que se malgasta en las llamadas ideologías del pensamiento débil, o subvenciones a ONG, asociaciones sin ánimo de lucro y culturales, sindicatos dirigidos por gente que jamás trabajo, medios de comunicación públicos que nadie ve, programas de formación sin sentido, observatorios, empresas privadas de titularidad pública, jubilados con 52 años en las grandes corporaciones o jerarquías absurdas con cargos rimbombantes.

¿En cuánto se puede cifrar la cantidad del despilfarro público anual directo justificado en razones de justicia social y bienestar?

¿Y el coste económico indirecto que dicha política de gasto supone en ineficiencia y sobrecoste a la menguante economía privada?

Y eso sin contar con el despilfarro indirecto consecuencia de la mala gestión pública de los servicios que si son necesarios, y las consecuencias que tiene para los ciudadanos que encima reciben un deficiente servicio.

¿Sería necesario un sistema de servicios sociales públicos si los ciudadanos tuvieran el nivel de renta suficiente para ser capaces de proveerse de los mismo por sus propios medios, y por tanto elegir como y quien se los facilita? Y es que el mejor sistema estatal de bienestar, es el que no se necesita, o al menos aquel que tan solo deba ser usado por excepción, es decir para casos concretos en los que a un ciudadano no pudiera atender con sus recursos sus necesidades por circunstancia determinadas.

Una economía que no es capaz de asegurar a la mayoría de su población activa los recursos suficientes para tener una vida digna sin recurrir a beneficencia pública no es una economía del bienestar, sino de mendicidad, especialmente cuando es el propio sistema el que por sus interesadas ineficiencias arrastra a la sociedad a la miseria en lugar de favorecer su desarrollo personal y profesional.

Pero asumiendo que el Estado debe prestar servicios públicos con carácter general, al no garantizar a sus ciudadanos la capacidad de proveerse de ellos por sí mismos, al menos cupiera esperar que lo hiciera con eficacia, eficiencia y dando al ciudadano opciones que garantizaran su libertad de elección. Nada más lejos de la realidad.

El primer problema es la falta de coordinación y multiplicidad de niveles administrativos que a veces compiten por dar los servicios, o al menos parecer que lo hacen, para lograr recursos y sostener jerarquías. Es curioso cómo al surgir problemas todos se miran y señalan los unos a los otros para diluir sus responsabilidades.

El segundo problema es que la asignación de determinadas competencias fundamentales como la sanidad o la educación se ha realizado con un criterio territorial basado en consideraciones políticas e ideológicas y no de eficacia o eficiencia.

El tercer problema es que los servicios en sí mismo tampoco se realizan con criterios de eficacia y eficiencia, ni buscan satisfacer las necesidades del ciudadano ni reducir los recursos públicos pagados por todos para su realización. Volviendo al ejemplo de los menores tutelados. Durante mi etapa escolar, en mi colegio había internado, y cientos de niños de los pueblos de la provincia estudiaban allí sin que ello les traumatizara lo más mínimo. Sin embargo, a los menores tutelados se les distribuye en pisos en grupos de 8 o 10 con otros tantos o más cuidadores y personal de apoyo. Sin protocolo ni una dirección o supervisión clara, sin formación, selección, ni motivación adecuada. Luego nos sorprendemos cuando surgen periódicamente casos de abusos de los menores tanto dentro como fuera de los centros. De todos los modelos posibles para el tutelaje, es decididamente el menos eficaz y por tanto más perjudicial para los niños, y el más costoso en un orden de magnitud. Sería mucho mejor integrarlos en familias y parejas voluntarias dispuestas a su acogimiento temporal a cambio de una cantidad de dinero para su cuidado y educación, o en un colegio internado con una dirección y equipo psicosocial y de educadores preparado y coordinado. Pero de esta forma cada niño introducido en el sistema, arrancado de los brazos de su madre, por decisión administrativa, sin siquiera intervención judicial, supone crear más de un puesto de trabajo, que enmascare el paro estructural, o sirve para pagar 50 o 60 mil euros a una ONG que a buen seguro estará complacida de colocar a quien los burócratas y políticos de turno determinen llegado el caso. Es sólo un mero ejemplo, pero muy significativo porque el patente desprecio y desinterés al cuidado de los menores más vulnerables priorizando los intereses espurios de la administración privada, es especialmente reseñable y destacable, pero, ejemplo de esta despreocupación por el verdadero interés social anteponiendo sus intereses particulares se puede encontrar en la sanidad, la educación y casi en cualquier servicio público. El análisis de esta nefasta gestión pública de los intereses de los ciudadanos será especialmente tratado en el segundo libro, así que no lo desarrollaré más de momento.

Está claro que la gestión pública jamás puede ser eficaz y eficiente, porque carece de incentivos para ello, primando sus intereses sobre los de los ciudadanos. Sin embargo, esta no es la única forma de facilitar muchos, cuando no la mayoría de los servicios públicos. Es curioso que, mientras se defiende el modelo de sanidad pública para los ciudadanos, los funcionarios tienen un modelo de sanidad concertada con la sanidad privada, o cómo los políticos socialdemócratas que defienden la educación pública, llevan a sus hijos a colegios privados o concertados. ¿Por qué lo que no es bueno para ellos es bueno para los demás?

¿Por qué no se puede ofrecer a los ciudadanos servicios públicos de gestión privada, donde ellos puedan elegir entre diferentes opciones que acepten prestar dichos servicios a los precios que dicte o subaste el Estado? En lugar de hospitales y consultas sanitarias públicas, que los ciudadanos puedan escoger entre las diferentes aseguradoras privadas concertadas, pagando el estado el coste como hace con los funcionarios, a quienes no superen el nivel de renta que les permita pagarlo por sí mismos.

En la educación igualmente se podría optar por el cheque escolar y liberalizar todos los colegios públicos como centros privados concertados, y que los padres elijan en qué modelo educar a sus hijos, pagando por sí mismos con dicho cheque la matricula. Todo ello por supuesto apoyado por un sistema de evaluación de resultados ponderado y transparente que permita a los padres conocer la verdadera eficacia de los colegios a la hora de enseñar a sus hijos y por tanto tener más criterios para elegir la educación de sus hijos.

Todo esto también requiere mucho más detalle y dedicación en “tres tardes más de economía”.

Pero si es discutible el alcance y  la gestión de los servicios públicos del “Estado del Bienestar”, sus finalidades están fuera de toda duda. El sistema no busca el bienestar de la sociedad, sino que tan solo sirve de coartada para ocultar sus verdaderos objetivos.

Al final, todo sirve a los propósitos de la élite dominante. Esta economía mixta permite a la élite enriquecerse aprovechando su influencia sobre la Administración no sólo para traficar con su influencia y lograr contratos ventajosos, a la vez que entorpecer el camino de otros para llegar a lo más alto desde la nada. El Estado del Bienestar es una forma de reducir es ascenso social y perpetuar el poder de las élites sobre la sociedad, alienando y arrojando al asistencialismo complaciente a la parte más débil de carácter de la sociedad y lastrando a los más proactivos y capaces, para dificultar su progreso económico y social.

Así, el coste del Estado del Bienestar recae fundamentalmente en las clases medias, pequeños emprendedores, autónomos y profesionales cualificados.

Las clases altas han logrado aumentar su participación en la riqueza del país un 40% en los últimos años, cuando se ha acelerado el plan de reinicio económico y reestructuración social de las élites tendentes a proletarizar y someter a la gran masa social con el apoyo inestimable de las nuevas tecnologías y el control de los medios de comunicación.

Así, el 1% de los más ricos, dispone de tanta renta como el 50% de los más desfavorecidos, a pesar de las transferencias de rentas vía política fiscal y asistencial. Si es cierto el dato de que los unos y los otros disponen, que no generan, el 13% de la renta cada grupo, significa el otro 49% dispone del 74%.

Pero dentro de ese 49% de clase media, hay una parte sustancial compuesta de clases “pasivas” y estatalizadas, es decir que su fuente principal de rentas es el Estado, funcionarios bien pagados y una parte de los pensionistas que cobran pensiones en el tramo más alto.

Los ricos no pagan impuestos a pesar de lo que quiera insistir la demagogia de la disidencia controlada populista y la socialdemocracia partitocrática que nos gobierna. Ellos pueden “votar con los pies” y tienen instrumentos para reducir al máximo la parte de su renta que tributa. Las clases ya empobrecidas y derrotadas por el sistema tampoco contribuyen, es más, deben ser sostenidos por un sistema incapaz de ofrecerles un sostenimiento digno a través de su trabajo.

Por tanto, es realmente la clase media quien debe sostener el estado del bienestar sobres sus hombros, debiendo retraer de su renta más de la mitad de lo que generan, para financiar el gasto público. Un dinero que formalmente deben “ahorrar” forzadamente de sus ingresos para dárselo un Estado dilapidador, ineficaz y clientelar. Un dinero que no tienen libertad para decidir qué hacer con él, en qué gastarlo o lo que es más importante, en qué invertirlo. Un dinero con el que incluso la propia Administración crea un entramado burocrático encaminado para entorpecer aún más si cabe su actividad económica libre y privada, y dificultar su capacidad de generar los ingresos que luego están ávidos de poderle quitar. Un modelo kafkiano y esquizofrénico, que no hace más que crecer de año en año hasta ahogar a la iniciativa privada y empobrecer a la mayoría social, mientras se sigue produciendo la transferencia de rentas hacia las clases más favorecidas, perpetuando una brecha social entre ricos y pobres dependientes, a los que siquiera trabajar les permitirá sostenerse por sí mismos, que no hará más que crecer si no se les paran los pies.

Incluso hasta el humilde mileurista que las más de las veces apoya el modelo del despilfarro supuestamente basado en que  “los ricos sostengan el gasto público” creyendo al mirar su nómina que él “solamente” paga un 5% de IRPF, dedica en realidad más de la mitad de su potencial ingreso a mantener el mismo estado del bienestar que por un lado favorece que no pueda tener un mejor salario y por otro se quita gran parte de sus ingresos reales para decidir y tutelar como le da los servicios que pudiera conseguir de otra forma por sus propios medios, y hacerle encima sentir agradecido por ello.

Cuando alguien mira su nómina de 1.100 euros con pagas prorrateadas, normalmente ignora, porque el sistema busca deliberadamente que así sea, que un 35% ya le ha sido retenido previamente para sostener SU seguridad social. A lo que añadir un 6% más a su cargo, y posiblemente un 5% de IRPF. Es decir, realmente el empresario le ha pagado 1.650 euros, más la parte que ha debido provisionar para sus vacaciones y provisión para otros gastos de personal, como bajas o indemnizaciones, y la parte que en algunos casos debe pagar a parásitos laborales favorecidos por el estado del bienestar. Pero de esos 1.100 euros, cada vez que adquiera un bien o servicio, en el precio total a un recargo del 21% generalmente, que los vendedores deben recaudar gratis para el Estado. Es decir, de media más de 200 euros al mes, suponiendo que no sea un mago capaz de ahorrar, de esos 1.100 euros se irán en IVA, que encarece sus compras. Y luego aún tienen una multiplicidad de impuestos especiales y tasas de lo más creativas. Incluso según Hacienda hasta si le regalan un reloj deberla declarar su valor y pagar como ingreso. Al final de esos 1.650 euros no le quedaran más de 800 reales, menos de la mitad. El resto se habrá retenido en diferentes fases por el Estado para financiar los servicios que disfruta, pero sin tener derecho a decidir ni que ni cómo y ni siquiera a quejarse como cliente.

Pero no sólo le roban la mitad de lo que gana, con sus pretendidas medidas de equidad, protección de los más débiles y justicia social, encima le obligan a gastar más porque muchas de sus medidas proteccionistas lejos de proteger a los más débiles les perjudican. El perfecto ejemplo es el mercado de la vivienda; sus políticas de restricción del suelo, de vivienda pública, de alquiler y de financiación hipotecaria, no han hecho sino disparar su precio tanto en el mercado de propiedad como de alquiler, fomentando la especulación. Otro tema a tratar más detalladamente en el próximo libro.

Un sistema alienante, basado en la mediocracia y la envidia, que busca acabar con la iniciativa y la ambición de aquellos más fuertes de carácter, destruyéndolos emocionalmente para someterlos e impedir que sean un peligro futuro para las élites. Un modelo social basado en el presunto paternalismo protector que busca acomodar a los ciudadanos e infantilizarles haciéndoles dependientes del Estado, animándoles a dejar en sus manos las principales decisiones vitales y finalmente asumiendo su posición de dependiente y condicionada para así obedecer sin discutir ni cuestionar todo lo que se le imponga. Un sistema que busca que la sociedad le de las gracias por lo que se les quita, dándoles migajas. Y siempre considerando que lo peor no es que se les quiten sus recursos económicos tanto por la vía directa de su incautación legal, como por la indirecta de reducir su capacidad de generarlos, se les quita la dignidad y la ilusión por ser dueños de sus vidas. Una nueva forma de esclavitud moderna refinada.

En lugar de tener que preocuparse de sostener vitalmente a los esclavos y preocuparse de la organización del trabajo y su vigilancia, nuestras modernas élites obligan a sus esclavos a procurarse el sustento y sostener a sus amos y su esquema de control social con lo que ganan.

Y lo más gracioso es que este sistema además les permite perpetuarse en el poder, haciendo creer a las masas sociales que tienen ellos la libertad de elegir y lo que es más triste respetar lo que se elija a pesar de perjudicarles porque es fruto del consenso social de la mayoría. Nada más lejos de la realidad.

El sistema “democrático” que sustenta los gobiernos occidentales está muy lejos de respetar la libertad individual. Más bien sirve como coartada para perpetuar la esclavitud social. En realidad, este sistema clientelar sirve para que las élites sobornen a una parte de la sociedad suficientemente grande para mantener sometidos al resto a su poder, mediante el uso del monopolio de la violencia, y no me refiero sólo a la física, sino a todo el esquema administrativo de disciplinar al ciudadano del que hablaré extensamente en el siguiente libro. Los partidos populistas y socialdemócratas o como quieran llamarse para diferenciarse, compiten por ver como reparten las migajas entre las minorías para lograr su favor y con ello arrogarse el derecho a dirigir nuestras vidas.

Es el cumplimiento de la novela distópica 1984, imaginada por George Orwell en 1948, de la forma más refinada. El partido interior formado para las élites económicas y circunstancialmente políticas y sociales, mientras son útiles. El partido exterior, liderado por la élite burocrática que gestiona el sistema y una legión de burócratas alienados. Y los proles, la gran masa social empobrecida y dependiente, controlada y sometida, que deberá conformarse con sobrevivir con los recursos mínimos para poder hacer frente a los retos de su agenda 2030, sin que las élites pierdan su derecho y privilegio de irse en el futuro de vacaciones al espacio o disfrutar de los más paradisíacos espacios naturales sin tener que compartirlos con la “chusma”.

El mejor estado del bienestar es el que no hace falta, la mejor equidad es garantizar empleo de calidad y bien remunerado, garantizar todo el mundo que pueda satisfacer sus necesidades por sus propios medios y que no necesiten mendigar y agradecer nada a quien en realidad nada le da, porque los políticos populistas no usan su dinero, como hacen los filántropos, sino el de los demás. En realidad, necesitan que haya miseria para poder luego presumir de salvadores. Con sus políticas de expansión del gasto público impiden el desarrollo, crean desempleo y reducen las remuneraciones salariales al punto que millones de españoles son pobres a pesar de trabajar a veces más de 8 horas para que el Estado se lleve la mitad de lo que ganan. Te parten la pierna te dan muletas y esperan que se lo agradezcas. Ese es el tipo de economía social psicopática que nos ofrecen.

Esto no significa que el Estado no deba proveer determinados servicios sociales y públicos, otra cosa es, qué, a quienes, cómo, y con que eficiencia. La intervención del Estado debiera ser por excepción y complementaria, y de mínimos.

Al final el Estado de Bienestar, no es más que una farsa, un instrumento creado por las élites para que los propios ciudadanos se paguen sus servicios públicos y los gastos que implican o justifican. Favoreciéndose ellos tanto vía contratación pública como reduciendo las posibilidades de ascenso social de los ciudadanos, aumentando así la brecha entre ricos y pobres, a la vez que se contenta y aliena a los ciudadanos haciéndoles creer que se les da algo, que, por otro lado, no es fruto sino de su esfuerzo, o al menos del esfuerzo de quienes generan la riqueza con su trabajo y emprendimiento. Sin embargo, estamos llegando al punto en que ese esfuerzo que deben hacer los que trabajan para sostener el parásito que crece en la economía es insostenible tanto económicamente como moralmente, desalentando el esfuerzo y el trabajo. ¿Qué pasaría si los esclavos del sistema se revelasen y se negaran a seguir remando para arrastrar el peso muerto que nos hunde hacia el abismo?

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