Sobrevivir al Apocalipsis Zombi
Cuando pensar se convierte en un peligro 

Amnistía. El fin del Estado de Derecho

Definía Orwell en su distópica novela 1984 el doblepensamiento como un proceso de adoctrinamiento en el que se espera que los sujetos acepten simultáneamente dos creencias en conflicto como verdad, a menudo en desacuerdo con su propia memoria o sentido de la realidad.

Hoy el concepto está más vivo que nunca en la Sociedad española a la vista de las declaraciones sobre la Amnistía de la progresía, siempre dispuesta a mostrar su desprecio por los valores y principios morales aplastados por sus infames dispensas ideológicas.

Lo que hace meses, incluso semanas, era absolutamente rechazable, ahora se transforma, ante la necesidad de seguir gobernando, en algo no sólo posible, sino hasta bueno deseable y justo.

Y es que la ideología del Pensamiento Débil materializada en el chabacano socialpopulismo demagogo  que infecta España con sus políticas progres, buscando la degradación moral e intelectual de la Sociedad, no tiene reparos en mostrar su carencia de principios y valores, sustituidos por las dispensas moral, intelectual y practica que les permite adoptar cualquier postura o medida con independencia de sus consecuencias bajo los maquivélicos principios de que, “el Fin justifica los Medios”.

Tenemos ahora a sus lacayos mediáticos trabajando en todos los medios de comunicación por justificar como legal y justo un acto tan sumamente denigrante, inmoral e ilegal.

Un acto que además supone un autentico fraude a la Democracia, si tenemos en cuenta que se hurtó a los votantes el conocimiento de la intención de realizar tan execrable acto, algo que a buen seguro hubiera cambiado la voluntad de voto de muchos votantes y con ello el resultado electoral.

Es curioso cómo los mismos que van dando carnets de demócratas, señalando y criminalizado como extremistas a todo aquel que no acepta o cuando menos aparenta aceptar sus despreciables dogmas sectarios y doctrinarios, ahora sin el menor pudor defienden la que posiblemente es la más antidemocrática medida que pudiera adoptarse.

Y es no cabe una Amnistía en un Estado Democrático y de Derecho por muchas razones. Pero la principal es que destruye los principios básicos que fundamentan la esencia de la Democracia como concepto, tal como la separación de Poderes y la igualdad de derechos y obligaciones.

Y es que la Democracia moderna se basa en la separación y equilibrio de Poderes desde la época de Montequieu. El Ejecutivo, que gobierna, el Legislativo, que hace las leyes, y el Judicial que las hace cumplir.  Y unos controlan a otros.

Desgraciadamente en España este equilibrio de Poderes saltó por los aires hace muchos años, con el consentimiento expreso de buena parte de la Magistratura que no ha tenido durante décadas reparos en enfangar sus togas con el polvo del camino

Sin embargo, la Amnistía sería dinamitar los últimos puentes que aún unen al actual Régimen del 78 con la Legalidad y cualquier apariencia de Democracia Constitucional, más allá del mero nombre.

La Amnistía supondría burlar a la Justicia al tiempo que reventar el más elemental de los principios de la Constitución y el Estado de Derecho, la Igualdad de todos los españoles ante la Ley.

Pudiera tener sentido y razón de ser cuando se inicia un proceso democrático rompiendo con un Régimen político autoritario donde se presume no se han respetado las garantías jurídicas de los ciudadanos o se han creado condiciones que puedan justificar la exoneración de determinados delitos. Y aún así con muchos matices y peros.

Pero es que además, en este caso es aún si cabe más inmoral dado que a quienes se pretende amnistiar no es a ciudadanos transgresores de una Ley que pudiera ser abusiva e injusta, sino a políticos, aquellos que deben hacerlas cumplir y por tanto se les debería exigir aún mayor compromiso en su cumplimiento.

Y es que esos mismos que hoy exigen su exoneración del cumplimiento de la Ley no han tenido piedad en aplicar leyes injustas, creadas por ellos en persecución de aquellos que no consideran “buenos catalanes”.

Es una buena muestra de la degradación moral de la Nación que una parte de la Sociedad haya llegado a aceptar el discurso demagogo de que los políticos están por encima de la Ley hasta el punto de sentirse impunes, cuando de hecho la condición de político debería ser un duro agravante de cualquier responsabilidad penal.

Y muy especialmente cuando se usa el Poder que emana de la Soberanía Popular para deliberadamente saltarse la legalidad y especialmente la Constitución, esa misma norma de la emana el Poder que ostentaban y del que abusaron intentando dar un Golpe de Estado.

Lo peor es ver como desde los medios afines, la mayoría, se pretende mediante la Ventana de Overton ir haciendo trasladar a la opinión pública la aceptabilidad un acto tan repugnante indigno inmoral y antidemocrático, y como la masa sectaria y adoctrinada llevada por sus dispensas ideológicas acepta sin chistar el nuevo dogma y sus consignas sin plantearse las consecuencias.

Y es que este acto no es más que el pie en la puerta que permitirá implosionar de forma definitiva el ya muy debilitado “Estado de Derecho”, si es que aun se puede definir el Estado Español de esta manera.

Aceptar la amnistía es un Fraude de Ley, y un fraude al espíritu de la Constitución y a la sociedad, especialmente si se considera que quienes hoy defienden con naturalidad la plena legitimidad y conveniencia de medida hace unos meses transmitían a la sociedad, y muy especialmente a sus votantes una posición diametralmente contraria

Es por ello que una medida de esta naturaleza adoptada en semejantes circunstancia, cuando menos debiera ser refrendada por la sociedad en un referéndum, tal y como se atrevió a hacer Felipe González con la entrada de España en la OTAN.

Sin embargo, siquiera debiera llegarse a ello. Proponer una medida tan ilegal sin modificar la Constitución, que prohíbe expresamente este tipo de medidas excepcionales, debiera ser causa inmediata de detención preventiva y suspensión de sus cargos de quienes la promuevan y amparen.

Y es que si en algún momento tuvo su valor y significado nuestro modelo de Estado basado en una Monarquía Parlamentaria es ahora.

A fin de cuentas, el Rey está investido de poderes excepcionales precisamente para evitar que el País pudiera convertirse en una Venezuela o una “Alemania Nazi”, destruyendo el Estado desde dentro creando Leyes que socaven el Estado de Derecho y la Constitución, hasta destruirlo, creando un estado totalitario y liberticida .

Nadie está por encima de la Ley, ni siquiera el Presidente del Gobierno, siempre un paso por debajo del Jefe del Estado. Y el Rey como Jefe del Estado y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas tiene el Poder y autoridad necesarios, llegado el caso, para detener a quien a quienes desde las propias Instituciones intenten dar un Golpe de Estado como el que representa una Amnistía como la que se pretende soslayar los principios básicos de Estado de Derecho, fundamento de nuestro marco de convivencia.

Incluso llegado el caso ilegalizar aquellos partidos políticos que vulneren la legalidad y la Constitución.

Para ello por supuesto es necesario, o cuando menos deseable también el concurso y valentía, algo que a lo mejor es mucho suponer, del Poder judicial. Que el Consejo General del Poder Judicial obre con la dignidad y decisión para refrendar y legitimar las medidas extraordinarias que requiere semejante atentado contra la Patria y los españoles.

Situaciones excepcionales requieren acciones excepcionales. El Poder está para ejercerlo y quien no está dispuesto a hacer lo que corresponde además de un cobarde es indigno del Cargo que ostenta.

Sin llegar tan lejos, si el miedo atenaza a la mano que sostiene la pluma, al menos, a la vista del fraude democrático que supone no haber declarado la intención de aprobar una Amnistía por parte de quien pretende ostentar el Cargo de Presidente del Gobierno, se debería volver a convocar elecciones simultáneamente con un referéndum, en el que los españoles decidan por sí mismos y libremente si realmente quieren arrojarse por el precipicio de la inmoralidad y la destrucción del Estado de Derecho

De esta forma en unas nuevas elecciones, donde cada cual defienda su postura y exponga sus razones, el Pueblo podrá realmente decidir si acepta semejante indignidad e inmoralidad.

En último extremo y ante la inacción de quienes ostentan el Poder para hacer cumplir la legalidad vigentes, la ciudadanía estaría legitimada para hacer valer sus derechos y su voluntad, que a la luz de la encuestas es claramente contraria a semejante acto ilegal e ilegítimo.

Si quienes tienen el Poder de parar esto no actúan por tanto debieran ser los ciudadanos los que mediante una protesta y un paro indefinido exigieran el respeto de sus derechos y el cese de quienes participen en su socavamiento.

Por todo ello, aceptar el éxito de los esfuerzos del actual presidente del Gobierno para imponer una Amnistía ilegal e ilegitima que propone, será en cualquier caso un fracaso de la Sociedad en su conjunto y de su incapacidad para hacer valer sus derechos y libertades fundamentales.

Si ello es así, cuando finalmente vean el destino de sus vidas sometido a los arbitrios de un socialpopulismo arbitrario y liberticida, solo podrán lamentarse de su cobardía e inacción.

Jose Federico Villamil Calva 

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