Sobrevivir al Apocalipsis Zombi
Cuando pensar se convierte en un peligro

La  España que perdimos

En un artículo anterior desarrollaba las consecuencias económicas de 40 años de socialdemocracia. Un crecimiento total de 80% equivalente al de la población activa y por tanto un nulo crecimiento de la productividad real por persona del factor trabajo, una caída del poder adquisitivo real y un aumento de la desigualdad, la pobreza junto a una caída de la educación y la libertad.

Hasta 2008 la economía creció de una forma razonable, en torno a una media del 3% con sus altas y bajas. Sin embargo, ya a partir de 1995, ese crecimiento estaba viciado por el recurso excesivo al crédito privado para fomentar el consumismo, mientras el sector industrial iba progresivamente deteriorándose y se cebaba la burbuja inmobiliaria. Todo ello con una progresiva degradación de los valores y un aumento del sectarismo ideológico.

A partir de 2008 llegó la debacle al explotar la burbuja financiera. Después de años de abuso del recurso de la deuda privada y la economía financiera para enmascarar las ineficiencias que iban cebando en la economía. Desde entonces la economía ha decrecido hasta un 11% a finales de 2021, en términos de PIB deflactado, a pesar de que la deuda pública se ha incrementado en más de un Billón de euros y el gasto publico se ha multiplicado.

A medida que se incrementaban las continuas sobrecargas que imponían las dispensas ideológicas, el sectarismo, el clientelismo, la burocracia, y los intereses de los poderes económicos, la capacidad de la economía española para crecer y generar riqueza y bienestar se fue apagando hasta desaparecer, sin que nadie se atreva a hacer las reformas estructurales necesarias para devolverla a la senda del crecimiento.

Siendo el crecimiento una función geométrica, esta incapacidad para hacer crecer la economía acrecienta sus efectos y consecuencias a medida que pasan los años perdidos para su recuperación.

Imaginemos así, que la economía hubiera seguido la senda trazada por los tecnócratas del desarrollismo franquista, y hubiera logrado un crecimiento sostenido del 3% durante 40 años, fundando la economía en estrictos criterios de eficacia y eficiencia, sin dejar que los espurios intereses de la superestructura económica y social acabaran por metastatizar el cuerpo económico y social de España. Vamos, lo que viene a ser una utopía en toda regla.

España hubiera crecido un 225%, en lugar de un magro 80%. Ello hubiera permitido no sólo alcanzar el pleno empleo, sino creado la necesidad de invertir en capital productivo para aumentar la productividad, y con ello permitido el aumento de las salarios reales en al menos un 50%.

El PIB real sería un 80% superior. Ello nos hubiera permitido reducir la brecha que nos separaba de los países más desarrollados de Europa hasta cerrarla. Y con una política fiscal austera y eficiente, incluso tener mejores servicios públicos, y sobre todo garantizar unas pensiones dignas tanto a presente como a futuro, con una presión fiscal mucho menor de la actual.  Hoy en día, el 11% del PIB se dedica a pensiones, y otro 6% a protección social, un dinero que no sería necesario si los ciudadanos dispusieran de recursos suficientes para sostener sus gastos. Si todo ese dinero se dedicara a pensiones, aún representaría menos del 10% del PIB, con unas pensiones un 50% superiores.

EL aumento de los salarios reales y de la renta disponible, aumentaría el número de ciudadanos que elegiría disponer de una sanidad o educación privada reduciendo la carga de dichos conceptos en el gasto público. Una gestión eficiente de servicios públicos sin concesiones a la demagogia el clientelismo o los intereses de clase, reduciría a su vez los gastos burocráticos y la carga sobre las empresas mejorando a su vez su eficiencia y mejorando su competitivas y la inversión productiva.

Una menor presión fiscal, digamos del 25% en lugar del 40%, dejaría más dinero en los bolsillos de los ciudadanos, para gastar o invertir, y haría más competitiva, atractiva y dinámica la economía. Además, reduciría el fraude fiscal, al sentir los ciudadanos que pagan lo justo y su dinero usa eficientemente.

Una legislación y política económica fundada en eliminar los costes innecesarios para las empresas aumentaría su competitividad y la creación de empresas intensivas en capital, la entrada de inversión extranjera y la exportación, obteniendo superávit comercial.

Como puede verse, una Economía regida bajo estrictos niveles de eficiencia y eficacia, sin concesiones a dispensas ideológicas y morales, o intereses espurios de grupos de interés económicos y sociales, fomentando el desarrollo del emprendimiento y la educación de sus ciudadanos, nos hubiera situado en una posición de Bienestar social y económico que el Estado clientelar jamás podrá lograr por mucha deuda pública que pueda colocar.

Sin embargo, una sociedad más “rica” económica moral y culturalmente hablando, que escalara peldaños en la pirámide de Maslow hacia su autorrealización, sería más libre e independiente, y por tanto menos “controlable”.

La realidad es que los Estados socialdemócratas, que la superestructura social sostiene en los países occidentales, y la despreciable ideología del pensamiento débil, liberticida y totalitaria, que se impone a sus ciudadanos, se fundamentan en la pobreza, tanto económica como intelectual y moral, y en la recompensa de quienes sirven al Sistema. Pesebre y clientelismo, Pobreza y desigualdad, son el fundamento del Modelo.

Es por ello que incluso sociedades “ricas” son incapaces de eliminar la pobreza. Es por ello que es un error justificar el gasto público y las políticas económicas y sociales en lo que hacen otros, y es por ello que España necesita un nuevo Modelo económico y social, que nos saque del remolino de miseria económica y moral que promueve la UE, y que restablezca los derechos y libertades perdidos, la Justicia en el sentido amplio del término, y la dignidad individual y colectiva de los españoles y España.

Jose Federico Villamil Calva

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